El abogado ambientalista Fabián Maggi dialogó este martes con Radio Meta FM sobre la decisión judicial que elevó a juicio oral la causa contra los directivos de Carboquímica del Paraná, acusados de contaminación.
La medida, tomada el último viernes, marca un precedente histórico: “Es la primera vez en nuestra región que una causa de estas características llega a juicio, donde empresarios son acusados penalmente por la contaminación generada”, señaló Maggi.
La investigación comenzó en 2014 y estuvo marcada por largas demoras judiciales. En sede civil, la empresa y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires ya habían sido condenados a recomponer el ambiente, pero “ninguno cumplió con esa obligación”. Para Maggi, esto expone una deuda del sistema judicial: “Las demoras en ambas instancias son enormes y es un factor que debe cambiar. En lo civil se investiga la contaminación para reparar el ambiente, en lo penal se busca que los responsables reciban una condena ejemplar”.
En esta etapa, los principales acusados son el presidente y el vicepresidente de Carboquímica, aunque no se descarta que en el debate surjan nuevas responsabilidades.
Maggi recordó que Carboquímica pertenecía a Somisa, pero tras la privatización de la empresa estatal en los años 90, “nunca más tuvo una inversión en mantenimiento o mejora. Los empresarios sólo se dedicaron a sacar ganancias. Incluso Ternium continuó enviando el alquitrán a la planta pese a sus condiciones deficientes, que eran notorias a simple vista».
El abogado explicó que las imágenes relevadas en los humedales muestran “lagunas contaminadas con hidrocarburos, breas y sustancias altamente cancerígenas como benceno y criosota”. Estas condiciones afectan al ecosistema y a las comunidades que vivían de la pesca artesanal, que se vieron obligadas a desplazarse.
Además, se refirió a la posibilidad de habilitar un puerto en la zona costera de Ramallo. “En la zona de El Tonelero hay una franja gris en el Código de Ordenamiento Territorial que, de manera encubierta, habilita la instalación de un puerto bajo la figura de transporte multimodal. Eso abre la puerta a que se instalen infraestructuras portuarias en lugares no habilitados, mientras que en sectores como Costa Pobre la prohibición es clara. Si eso se concreta, sería una violación flagrante al Código” expresó.
