El 7 de diciembre, nuevamente a escondidas del pueblo, el Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial para el Partido. Este código manipulado y desprolijo llegó después de años de desafíos y rechazos por parte de la provincia. En 2019, el gobierno provincial solicitó, entre otras cosas, «la participación ciudadana» en la elaboración del Código para su homologación por el organismo competente. En respuesta, se creó en 2020 la Comisión para el Ordenamiento Territorial (COPOT) mediante una ordenanza.
A pesar de la pandemia, la COPOT inició sus funciones nueve meses después de lo previsto, dejando un tiempo limitado de tres meses para elaborar el código, con la posibilidad de una prórroga contemplada en la ordenanza, sujeta a la aprobación del Concejo Deliberante. Cumplidos los doce meses, de los cuales solo se pudieron trabajar tres, el representante municipal, Roberto Borselli, decidió suspender la participación hasta que el Concejo Deliberante autorizara la prórroga correspondiente.
Sin embargo, el Concejo nunca aprobó la prórroga, lo que resultó en la finalización abrupta de la participación ciudadana. La tristeza y la impotencia se apoderaron de aquellos que ansiaban un proceso transparente y democrático.
El presidente del Concejo Deliberante, Sergio Costoya, junto con los concejales y el municipio, deshabilitaron la participación ciudadana. El 7 de diciembre de 2023, aprobaron un Código de Ordenamiento Territorial cuyas disposiciones son conocidas solo por ellos, y cuyas consecuencias afectarán a toda la población. En este proceso, una vez más, predominaron los acuerdos políticos y sectoriales, sumiendo a la comunidad en una sensación de abandono y desencanto. En tan solo un minuto y medio, decidieron unánimemente el futuro de Ramallo, dejando a sus habitantes con el peso de la decepción ante un proceso que se apartó de la justicia y la participación ciudadana.
Fuente: comunicado Asamblea Vecinal Ramallo
