Este miércoles los cuatro gremios que representan a los empleados municipales de Ramallo rechazaron el 4% de aumento que ofreció el Ejecutivo para los próximos cuatro meses. A los empleados no les alcanza el dinero, la dirigencia coincide en que los sueldos son bajos, pero la solución no parece sencilla.
“Siempre dijimos que queríamos ir recomponiendo los salarios de los trabajadores, que vienen en detrimento desde la gestión anterior, con una pérdida muy importante del poder adquisitivo. Nosotros en el primer año dimos un 107 por ciento de aumento. Alcanza? No, somos conscientes de esa realidad, los sueldos quedaron muy atrasados”, dijo Marcela Isarra en radio Meta.
La secretaria de Gobierno remarcó la necesidad de ser previsibles en el gasto. “Nosotros para hacer una oferta salarial tenemos que siempre estar mirando la proyección hacia fin de año, porque tenemos que sostener ese aumento y también hacer la prestación de los servicios porque tenemos la responsabilidad institucional de hacerlo”.
En la reunión con los gremios, el Gobierno municipal les habló sobre la caída en la recaudación. En este sentido, Isarra, a “título personal”, dijo que el Concejo Deliberante aprobó un 70 por ciento de aumento en las tasas y con eso la oposición “buscó desfinanciar el municipio”.
Mas causas, según el Ejecutivo. “Desde el Gobierno nacional no está ingresando absolutamente nada”. Y además, “hay una merma en el goteo en los fondos de Provincia, se nota la baja de ese recursos”.
“Hay una baja importante”, del aporte que hacen las grandes empresas, también en “la recaudación de las tasas de las vecinas y vecinos”, y un conflicto legal con Siderar que también complica. “En primera instancia la Justicia ha fallado nuevamente a favor de los vecinos del municipio. Siderar nos debe meses de tasas, están pagando menos de lo que debe abonar, tenemos un importante recurso en una cuenta judicial a la espera de que la Justica defina, estamos viendo si esa medida se va a apelar o no”.
Sobre la tasa de Siderar, dijo que “hay un porcentaje que está ingresando y otro que está en un resguardo en una cuenta judicial, no se puede tocar, son 900 millones”.
“Es importante que la comunidad sepa que queremos ser responsables. No solo posibilitarle a nuestros compañeros un aumento de salarios e ir mejorando en la medida de nuestras posibilidades sus ingresos, sino también en la prestación de servicios, de seguridad, salud, obra pública, que son nuestras principales objetivos”, concluyó la funcionaria.
