En declaraciones a Radio Meta, la concejal Cecilia Giammaria expresó su firme rechazo al convenio firmado entre el Departamento Ejecutivo y la empresa Ternium, que fue aprobado este miércoles por unanimidad en el Concejo Deliberante, con los votos del.oficialismo, La Vecinal y Juntos por Ramallo; Hechos se ausentó.
La edil calificó la negociación como una «mesa cerrada» y advirtió sobre las graves consecuencias jurídicas y económicas para el municipio.
Para Giammaria, el principal error radica en la vía administrativa elegida. Sostiene que si se pretenden modificar las tasas fijadas en diciembre, se debe seguir el proceso legal correspondiente y no hacerlo mediante un «convenio entre partes» avalado solo por concejales.
»Esto es el Estado. ¿Vas a cambiar el Código Tributario? Llamá a la Asamblea de Mayores Contribuyentes nuevamente, como corresponde, y que el artículo que cambia sea igual para todas las empresas». Y agregó: »No podés hacer un convenio, tenés que modificar el Código Tributario».
Uno de los puntos más críticos señalados por la concejal es la desigualdad que genera este acuerdo frente a los pequeños comerciantes y emprendedores que hoy sufren el peso de las tasas municipales. »Desde enero no me paran de llamar comerciantes y emprendedores desesperados por la tasa de habilitación anual. ¿Sabés que en este convenio se lo exime a Ternium de la tasa de habilitación, posibles derechos de construcción y cualquier otro tributo existente o a crearse? ¿Por qué a Ternium sí y al resto no?».
Giammaria alertó sobre el alcance temporal del convenio, que se extiende hasta el año 2027, condicionando la recaudación de la actual y la próxima gestión con montos que, según sus cálculos, implican una quita del 40\%.
»Es una hipoteca porque el convenio trata hasta el 2027. Siderar tenía que pagar por mes 1.200 millones; hoy la tasa va a ser de 737 millones. Bajó un 40%. ¿Bajo qué fórmula? No lo sabemos porque no estuvimos en esa mesa».
»Siderar puede hacer lo que quiera dentro de la planta [sin pagar derechos de construcción], pero si un vecino quiere hacerse su casa, tiene que desembolsar un montón de plata. Es un acuerdo fiscal escandaloso».
Finalmente, la edil advirtió que este acuerdo rompe la lógica de igualdad ante la ley y abre la puerta a que cualquier contribuyente exija un trato preferencial similar, generando un «despelote» administrativo.
»Esto es jurídicamente cuestionable. Cualquier persona podría ir a golpearle la puerta al Intendente y pedirle que no le cobre algunas cosas. ¿Para qué se trata un Código si después no se ordena?».
