La Fiscalía General de San Nicolás lanzó un fuerte llamado a la comunidad para desalentar la compra de objetos de dudosa procedencia, al advertir que esta práctica alimenta el delito y convierte al comprador en “cómplice del ladrón”. El organismo recordó que adquirir bienes robados constituye un delito penado por el Código Penal de la Nación Argentina y anticipó que profundizará los operativos junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para combatir este circuito ilegal.
COMUNICADO DE PRENSA
LA FISCALÍA GENERAL DE SAN NICOLÁS ADVIERTE: «EL QUE COMPRA LO ROBADO, ES CÓMPLICE DEL LADRÓN»
El Ministerio Publico Fiscal del Departamento Judicial de San Nicolas emite un enérgico llamado de atención a la comunidad sobre una práctica que, aunque
a veces vista como una «oportunidad», constituye un eslabón fundamental en la cadena delictiva que tanto daño causa a nuestros vecinos: la compra de objetos
de dudosa procedencia. Celulares, herramientas, bicicletas y autopartes se ofrecen a diario en ferias, redes sociales o transacciones informales a precios muy por debajo de su valor real de mercado. Detrás de cada una de estas «gangas», existe una víctima que ha sufrido un robo o un hurto en nuestra ciudad.
La Fiscalía busca generar conciencia: quien adquiere estos productos, sabiendo o debiendo saber su origen ilícito, no es un «astuto» comprador, sino que se
convierte en un eslabón indispensable de la cadena delictiva, financiando nuevos robos y perpetuando la inseguridad en nuestros barrios.
«El que compra lo robado, es cómplice del ladrón», es el mensaje central que la Fiscalía busca instalar en cada hogar nicoleño. Esta complicidad tiene graves
consecuencias:
- Se genera un mercado para los delincuentes, incentivando nuevos robos.
- Se dificulta la recuperación de los bienes sustraídos a sus legítimos dueños.
- Se perjudica directamente a los vecinos: la bicicleta que se compró «barata» puede ser la del estudiante que necesita movilizarse; el celular, el de un trabajador que perdió su herramienta de comunicación y sus contactos.
- El comprador se expone a un proceso penal, que puede incluir allanamiento, detención y una posible condena de prisión. Es fundamental que la comunidad comprenda que esta conducta no es un simple «negocio redondo», sino un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. El Artículo 277 del Código Penal de la Nación establece penas de prisión de seis meses a tres años para quien «[…] adquiera, reciba u oculte dinero, cosas o efectos provenientes de un delito». La ley no solo castiga al ladrón, sino también a quien le da salida a lo robado. No hay neutralidad posible en esta lucha. Quien compra un objeto robado decide ser parte del problema de inseguridad que tanto nos afecta.
- Desde la Fiscalía General trabajaremos en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires para profundizar los operativos y allanamientos en domicilios donde se detecten objetos de dudosa procedencia. Además, haremos llegar este mensaje a todos los rincones del partido a través de los medios locales, porque estamos convencidos de que la prevención y la conciencia ciudadana son herramientas tan poderosas como la propia ley. Invitamos a los vecinos a reflexionar antes de adquirir un producto en condiciones sospechosas. Comprar lo robado no es una «astucia»: es ponerle precio a la
impunidad y ponerle rostro de vecino al cómplice. El mensaje debe ser tan claro como nuestro Código Penal y tan contundente
como una sentencia: EL QUE COMPRA LO ROBADO, ES PARTE DE LA CADENA DELICTIVA.
