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UPVA plantea dudas sobre los terraplenes construidos en la desembocadura del arroyo Las Hermanas

La ONG UPVA difundió un comunicado en el que expresa sus cuestionamientos a los terraplenes que la Municipalidad de Ramallo construye en la desembocadura del arroyo Las Hermanas. Plantea interrogantes sobre la finalidad de la obra, su impacto en la dinámica hídrica y sus posibles consecuencias ambientales. Leer comunicado de prensa.

TERRAPLENES ¿PARA BENEFICIO DE QUIEN?

En las pasadas semanas estamos viendo cómo la Municipalidad de Ramallo, está levantando terraplenes en la boca del arroyo Las Hermanas, con el presunto motivo de mitigar los efectos de las inundaciones, en el contexto de lo que sería una crecida extraordinaria del río Paraná.

Si bien diferentes gestiones han adoptado en otras ocasiones medidas similares, es cuanto menos extraño que el lugar elegido para hacerlo sea uno donde no existen infraestructuras públicas o privadas qué defender, y que por añadidura, se proyectan como una continuación de endicamientos ilegales ya existentes, levantados en su momento por el empresario local Gustavo Degliantoni. El municipio está usando mano de obra y recursos públicos en un proyecto que claramente no va a cumplir esa función. Entonces ¿Para qué sería?

Si nos atenemos a las declaraciones del intendente municipal Mauro Poletti en un medio local, esa función queda descartada, ya que se trataría de

“…que la estructura se convierta en una calle elevada por la que puedan circular vehículos y que forme parte del recorrido conocido como “la vuelta del perro”. Que sea una calle elevada, porque en este tipo de situaciones vos tenés muchos recursos invertidos, horas de maquinaria, camiones, para poder hacer movimientos de tierra, y después lo desmantelás y, cuando volvemos a tener un fenómeno de este tipo, lo tenés que volver a construir”[1]

Es decir, estamos ante una obra, ejecutada en base a especulaciones sobre su funcionalidad en cuanto a la contención hídrica, que se pretende de carácter permanente y en la que no se realizó ningún tipo de estudios sobre los impactos que podría tener tanto en la dinámica de crecidas del río Paraná, como de las del arroyo Las Hermanas, que verá su desembocadura reducida y con ella, su capacidad de drenaje de los campos altos.

Cabe especular entonces, con la función “económica” que podría tener de cara a un futuro y desconocido proyecto en el lugar, ya que no deja de ser notable que hayan elegido para combatir las inundaciones un sitio remoto y sin impactos inmediatos sobre construcciones cercanas. Tampoco se puede eludir el detalle de que suponga, como lo decíamos, una continuación de terraplenes construidos de forma ilegal en espacios públicos, y que s especulen con ampliar de hecho, estructuras ya existentes.

Degliantoni, y sus herederos en la actualidad, tienen una sentencia que los obliga a recomponer el daño ambiental producido por la deforestación intempestiva de bosques nativos para levantar su guardería náutica y la casa sobre la barranca. Los costos de la remediación deben correr por cuenta de ellos, y el municipio, como institución pública de gobierno, está obligada a garantizar el cumplimiento de las sentencias, cosa que no está haciendo, pero que podría realizar a cuenta del empresario que provocó el daño.

Los movimientos de tierra, fundamentalmente cuando se ejecutan en áreas sensibles como las aluvionales, provocan consecuencias impensadas sobre espacios situados a kilómetros de distancia, al no contar con los estudios correspondientes sobre cuáles serán los mencionados impactos, estas obras se reducen a un capricho político y a emprendimientos que, judicializados, terminan paralizados ¿No necesita el partido de Ramallo inversiones en áreas como salud, infraestructura, sanidad, antes que un murallón de tierra, construido con dinero público y recursos municipales que no se están dedicando a áreas prioritarias?

Desde hace años vemos como las obras impulsadas por antojos personales terminan sin concretarse, ya que en lugar de ordenarse por un planeamiento amplio y consultivo, se ejecutan guiados por el cortoplacismo y el impacto público, resultando en una pérdida de bienes públicos para todos los ramallenses.