Ramallo: proponen regular el uso de gomeras y armas de aire comprimido
La concejala Noelia González, del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para prevenir accidentes, proteger a las personas y los animales y evitar daños a bienes públicos y privados. La iniciativa contempla prohibiciones, multas y controles sobre la venta de estos elementos a menores de edad. El expediente fue girado a la Comisión de Legislación e Interpretación para su tratamiento.
El proyecto busca establecer reglas para el uso de gomeras, hondas, resorteras y armas de aire comprimido en todo el partido de Ramallo. Entre sus principales objetivos, plantea evitar situaciones de riesgo en espacios urbanos y de concurrencia pública, además de prevenir agresiones contra personas y animales.
La iniciativa prohíbe el uso de gomeras en calles, veredas, plazas, parques, paseos, establecimientos educativos, clubes, espacios deportivos y otros lugares urbanos o de concurrencia pública. La restricción comprende tanto los lanzamientos recreativos como cualquier utilización que pueda poner en peligro a personas, animales o bienes.
En cuanto a las armas de aire comprimido o a gas, el proyecto establece la prohibición de dispararlas, probarlas o utilizarlas en zonas urbanas, tanto en espacios públicos como en predios privados ubicados en esas áreas. Se contemplan excepciones para actividades autorizadas que se desarrollen en instalaciones adecuadas y con medidas de seguridad.
El texto también prohíbe utilizar gomeras o armas de aire comprimido para disparar contra personas, amenazar o intimidar a terceros, dañar viviendas, vehículos, comercios, luminarias, cartelería y mobiliario urbano, así como perseguir, herir o matar animales domésticos o ejemplares de la fauna silvestre en contravención con las normas vigentes.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de sanciones económicas. Para el uso indebido de gomeras, se propone una multa de entre 10 y 25 unidades fijas (UF), mientras que para las armas de aire comprimido o a gas la escala prevista va de 25 a 100 UF.
El proyecto también establece sanciones para los comercios que vendan o entreguen armas de aire comprimido a menores de 18 años. En esos casos, propone multas de entre 100 y 400 unidades fijas. La falta de cartelería obligatoria en los locales que comercialicen estos productos podría sancionarse con multas de entre 25 y 100 UF.
La unidad fija se calcularía tomando como referencia el valor del litro de nafta de mayor octanaje de bandera nacional.
La propuesta contempla un abordaje preventivo y educativo cuando se detecte el uso de gomeras por parte de menores de edad. En una primera intervención, siempre que no haya daños ni un riesgo concreto grave, la autoridad podrá retener preventivamente el elemento y entregarlo a una persona adulta responsable, a quien se notificará por escrito sobre la conducta y sus posibles consecuencias.
El texto aclara que esta medida no implica una multa automática al adulto por el solo hecho de ser responsable del menor. Si se registran daños, situaciones graves de riesgo o reiteración de la conducta, se prevé dar intervención al Juzgado Municipal de Faltas.
En el caso de las armas de aire comprimido, el proyecto establece que la utilización indebida dará lugar a la confección de un acta de infracción y a la intervención del Juzgado de Faltas para determinar la sanción correspondiente.
La iniciativa también propone que el Departamento Ejecutivo municipal realice campañas de concientización sobre los riesgos del uso indebido de estos elementos. Las actividades podrán desarrollarse en escuelas, clubes, comercios, centros comunitarios y medios de comunicación, con especial atención a la prevención de lesiones y al cuidado de los animales.
Además, ante hechos que puedan constituir infracciones a las normas de protección de la fauna silvestre, se deberá dar intervención a la autoridad provincial competente. Si las situaciones pudieran configurar maltrato animal u otro delito, se dará aviso a las autoridades correspondientes.
El proyecto establece que la autoridad de aplicación sería el Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Seguridad o el área que en el futuro la reemplace. También prevé incorporar las infracciones y escalas de sanciones al Código de Convivencia y Faltas de Ramallo, establecido por la Ordenanza 6834/23.
La propuesta fue ingresada al Concejo Deliberante el 27 de octubre y girada a la Comisión de Legislación e Interpretación, donde comenzará su tratamiento. Por el momento, se trata de un proyecto de ordenanza que deberá ser analizado por los concejales.
