Luis Algasibiur: “Las reglas tienen que ser claras, públicas y transparentes”
La aprobación del proyecto denominado Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado en el Concejo Deliberante de Ramallo dejó expuestas diferencias entre los bloques, tanto por el alcance de la normativa como por los mecanismos de control, el régimen de permisos y el destino de los recursos que se recauden. Mientras el oficialismo defendió el trabajo realizado y la necesidad de unificar y actualizar las disposiciones vigentes, sectores de la oposición cuestionaron la falta de precisiones y reclamaron una discusión más amplia con los actores involucrados.
El concejal de Hechos, Luis Algasibiur, cuestionó que el proyecto reúna en una misma normativa aspectos relacionados con la circulación, los permisos, la fiscalización y las cuestiones tributarias. Si bien aclaró que comparte el objetivo de ordenar el tránsito pesado, diferenció ese propósito de su posición frente al instrumento aprobado. “Una cosa es que nosotros compartimos el objetivo y otra muy distinta es acompañar cualquier instrumento que se presente para alcanzarlo”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que el proyecto concentra amplias facultades en el Departamento Ejecutivo sin establecer, a su criterio, suficientes precisiones sobre los criterios que deberán aplicarse. Puso especial énfasis en el régimen de permisos para los transportistas y reclamó reglas claras para determinar quiénes pueden acceder a ellos, bajo qué condiciones y cuáles son los costos. “Cuando hablamos de permisos, de excepciones, de cobros, las reglas tienen que ser claras, públicas y transparentes”, afirmó. Y agregó: “No debemos depender de decisiones discrecionales”.
Algasibiur también cuestionó la falta de precisiones sobre la duración de los permisos, los plazos para resolver las solicitudes y las posibles causas de rechazo. Para el concejal, esos aspectos deberían estar expresamente establecidos en la ordenanza. “No debe dejarse todo, todo librado a la buena voluntad y al estado de ánimo de turno del Poder Ejecutivo en el momento de pedir”, manifestó.
Entre sus objeciones, mencionó además el artículo 246 del Código Tributario, al advertir que, según su interpretación, el texto establece un cobro por cada paso y por cada unidad que atraviese el pórtico, mientras que posteriormente se habría aclarado que el acceso tendría una duración de 24 horas.
“Eso no está escrito en el código, por lo tanto es desinformación y conlleva a que tengamos estas problemáticas y a confrontaciones y a presentaciones en la justicia”, expresó.
Cuestionó que la nueva legislación habilita el ingreso de tránsito pesado hasta la ruta 1001. Sostuvo que debería continuar hasta la rotonda proyectada en la zona de la vuelta del eje, para facilitar las maniobras de retorno y evitar recorridos peligrosos. También reclamó mayor claridad sobre los mecanismos de control y el destino de los fondos recaudados.
Desde Juntos por Ramallo, Soledad Agotegaray defendió el acompañamiento al proyecto y destacó que varias de las modificaciones propuestas por su bloque fueron incorporadas al texto definitivo.
“Nosotros planteamos varias modificaciones que estábamos convencidos que eran absolutamente necesarias para que esta norma sea clara y que el proyecto dejara de ser un proyecto solo de buenas intenciones y pasara a ser una ordenanza sólida y verdaderamente ajustada a derechos”, explicó.
Entre los cambios que enumeró, destacó las precisiones introducidas en el artículo 7, referido al destino de los recursos provenientes del gravamen contemplado en el artículo 246 del Código Tributario. Según señaló, la recaudación quedará destinada al financiamiento de obras de infraestructura vial e hídrica y a programas de capacitación y concientización en seguridad vial.
La concejal también indicó que se incorporaron modificaciones relacionadas con la apertura de cuentas y partidas específicas, con el objetivo de identificar el origen y la aplicación de los fondos. Otro de los aspectos que valoró fue la integración de las sanciones al Código de Convivencia y Faltas vigente en Ramallo, con una unificación de criterios y una tipificación de las multas mediante unidades fijas.
El concejal de la Vecinal 24 de Octubre, Germán iribarria, consideró que una normativa de estas características debía contar con una instancia de debate más extensa, con la participación de los sectores afectados por las nuevas disposiciones. “Creemos que una ordenanza de esta magnitud necesita una discusión más amplia, más participativa y con mayor profundidad”, expresó.
Iribarria remarcó que el sistema tendrá consecuencias sobre las actividades productivas, industriales, comerciales y agropecuarias, además del transporte. Por ese motivo, solicitó que el expediente regresara a comisión y que se convocara a un plenario de trabajo con representantes empresariales, industriales, agropecuarios, empresas de transporte y gremios de trabajadores camioneros.
“No se trata solamente de escuchar opinión, sino de incorporar la experiencia y el conocimiento de quienes trabajan todos los días con esta actividad”, señaló.
También propuso que la ordenanza incorpore un plano georreferenciado de los corredores habilitados, los accesos, los recorridos permitidos y los sectores autorizados para carga y descarga.
La concejal de Fuerza Patria, Daniela Mesías, defendió el trabajo realizado durante el tratamiento legislativo y cuestionó el pedido de la oposición para que el expediente volviera a comisión.
“Me parece un poco injusto bajar el precio del trabajo que venimos haciendo todos los concejales y concejalas en cada comisión solicitando que se vuelva comisión”, sostuvo.
Mesías afirmó que el proyecto fue trabajado en las comisiones y que el objetivo principal consistió en reunir en una sola normativa disposiciones que se encontraban dispersas en ordenanzas anteriores.
“Lo que hicimos fue unificar el trabajo de todos y cada uno de los cuerpos de concejales y concejalas anteriores que trabajaron al respecto y hoy lo que hacemos es unificarlo”, explicó.
En relación con los recorridos para el tránsito pesado, aseguró que se trata de disposiciones que ya existían en la normativa municipal y que fueron reunidas en el nuevo texto.
La concejal también cuestionó los argumentos de los bloques opositores y consideró que detrás de las diferencias había una discusión política. “Entonces acá hay claramente otra vez una intención política por sobre el bien común”, afirmó.
La concejala Cecilia Giammaria (Hechos) también manifestó objeciones al proyecto, principalmente por las dudas que, según sostuvo, persisten sobre la aplicación de los permisos y el destino de la recaudación.
Respecto del artículo 7, señaló que, aunque se incorporó un mecanismo para establecer el destino de los recursos, todavía no está suficientemente claro en qué obras se invertirán.
“Entendemos que se puede hacer, pero bueno, no está claro nuevamente, como pasó en el presupuesto, en qué obra vial, en qué obra hidráulica realmente va a volver la recaudación”, expresó.
Giammaria puso el foco, además, en el tramo de la ruta 51 relacionado con el acceso a la rotonda proyectada. Consideró que la delimitación de los recorridos podría generar inconvenientes para los transportistas que necesiten llegar hasta ese punto y regresar.
“Cualquier persona llega hasta el puente de la minuvia, pasa, va a llegar hasta la rotonda porque el elemento vial que tiene va a girar, pero le van a cobrar una multa si está fuera de regla, si no tiene el permiso ocasional, si no tiene el permiso periódico, si no tiene el permiso logístico”, advirtió.
La concejal también relacionó las dudas de los transportistas con la falta de información clara sobre el funcionamiento del sistema. “Están asustados, y no es culpa de nadie, es la desinformación propia que el Ejecutivo no transmite con transparencia”, sostuvo.
El concejal Adrián Lescano (Fuereza Patria) rechazó los cuestionamientos sobre la forma en que se trató el proyecto y aseguró que la iniciativa tuvo el tiempo de análisis y las consultas necesarias. “No es una ordenanza que salió ni entre gallos ni media noche, ni estuvo oculta”, afirmó.
Lescano destacó que durante el tratamiento se incorporaron artículos al Código de Convivencia y Faltas y consideró que se tuvieron en cuenta los distintos aspectos necesarios para establecer un marco normativo integral.
Las objeciones planteadas estuvieron centradas, principalmente, en garantizar reglas claras para transportistas y comerciantes, evitar decisiones discrecionales y asegurar que la aplicación de la nueva normativa no genere dificultades adicionales para las actividades productivas del distrito.
