La Justicia frenó los aumentos de luz en la provincia de Buenos Aires
La Justicia bonaerense frenó los aumentos de las tarifas de electricidad aplicados desde agosto y ordenó restablecer de manera inmediata el cuadro tarifario anterior para los componentes bajo jurisdicción provincial.
Se trata de las subas autorizadas por el gobierno de Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, a través de la Resolución 585/2026. La medida fue dictada este viernes por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, a partir de una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
El fallo alcanza a EDES, EDELAP, EDEA y EDEN, las cuatro distribuidoras alcanzadas por la regulación provincial. Quedan fuera Edenor y Edesur, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Fuentes al tanto de la presentación consultadas por Infocielo indicaron que la medida cautelar puede sostenerse como extensible también a los usuarios abastecidos por cooperativas y distribuidores municipales, porque el juez no se limitó únicamente a imponer una conducta a las cuatro distribuidoras provinciales demandadas, sino que dispuso suspender la Resolución MIySP N° 585/2026 y restablecer el cuadro tarifario anterior.
No obstante, debe tenerse presente que en el punto operativo de la cautelar la orden de no aplicar el cuadro tarifario y de imputar lo ya percibido se dirige expresamente a “las demandadas”. Por ello, si bien existen argumentos sólidos para considerar comprendidas también a las cooperativas, podría ser necesario un pedido de aclaración al juez interviniente.
La resolución cuestionada estableció un nuevo cuadro tarifario desde el 1° de agosto, con modificaciones sobre los componentes provinciales de la tarifa, principalmente el Valor Agregado de Distribución (VAD).
La Defensoría del Pueblo cuestionó que el Gobierno bonaerense no realizara una nueva audiencia pública ni habilitara un mecanismo formal de participación de los usuarios antes de disponer las subas.
La Provincia, en cambio, sostuvo ante la Justicia que no era necesaria una nueva audiencia. Argumentó que los aumentos forman parte de una etapa de transición tarifaria vinculada a la emergencia energética y que los criterios generales utilizados para determinar las tarifas habían sido discutidos en audiencias públicas realizadas en 2016.
El juez puso el foco precisamente en el tiempo transcurrido desde aquellas instancias y cuestionó que una transición tarifaria pueda utilizarse para prolongar la falta de participación ciudadana.
“Hace diez años que no se realiza una audiencia pública. Pretender justificar constantes subas en una ‘tarifa de transición’ por tiempo indefinido desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios” advirtió la justicia.
La participación de los usuarios, en el centro del fallo
Uno de los principales argumentos de la resolución es que los usuarios deben contar con información y participación antes de que se establezcan nuevos valores para un servicio público.
En esa línea, el fallo recuperó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso CEPIS, donde se estableció que la participación ciudadana no puede convertirse en una instancia meramente formal.
Fuente: Infocielo.
