Un productor de Pergamino llevó a la Corte su reclamo contra las retenciones: “Quiero que mi caso sea el caso testigo”

El productor agropecuario y abogado Marcelo Risso, de Pergamino, impulsa una acción judicial contra el cobro de derechos de exportación y llevó su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una entrevista este sábado en Ventana Productiva (Radio Meta), explicó los fundamentos de su presentación, el recorrido que tuvo la causa y planteó sus cuestionamientos al esquema de retenciones que alcanza al sector agropecuario.

Risso, productor de quinta generación, sostiene que los derechos de exportación dejaron de tener respaldo legal a partir de 2022. Según explicó, las alícuotas habían sido establecidas mediante una ley con vigencia temporal y prorrogadas para 2021 a través de la ley de presupuesto, pero el presupuesto correspondiente a 2022 no fue aprobado. “Mi planteo es que si no existe una ley que habilite el cobro, no se pueden cobrar”, sostuvo.

Frente a esa situación, según relató, el Poder Ejecutivo recurrió al artículo 755 del Código Aduanero para continuar estableciendo las alícuotas. Risso cuestiona esa utilización a partir de la doctrina establecida por la Corte Suprema en el caso “Camaronera Patagónica”, de 2014, en el que el máximo tribunal consideró que los derechos de exportación tienen naturaleza tributaria y estableció límites a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo determine elementos esenciales de un tributo.

“Los derechos de exportación son un verdadero impuesto y, por lo tanto, como es un impuesto tiene que tener una base legal, es decir, tiene que ser fijada por una ley formal del Congreso”, explicó Risso al referirse a ese antecedente.

Para demostrar el perjuicio económico que, según plantea, le ocasionó el cobro de las retenciones, el productor presentó documentación correspondiente a sus operaciones. “Tuve que demostrar que a mí me perjudicaba esta actitud del Poder Ejecutivo y el perjuicio yo cómo lo demuestro: comparando las liquidaciones de cada una de las ventas que yo hice a lo largo del año 22, 23 y 24, comparándolas con el precio que tenía cada mercadería en su día puntual. Entonces, si yo comparo lo que me pagaron versus el precio FOB, hay una diferencia, y esa diferencia es el perjuicio económico que me generó”, señaló.

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal de San Nicolás. Sin embargo, tanto el juzgado de primera instancia como posteriormente la Cámara Federal de Rosario rechazaron su planteo. Uno de los argumentos centrales, según explicó Risso, fue que el sujeto formal del tributo es el exportador y no el productor. “El fallo dice: el titular de la relación jurídica tributaria es el exportador. Por lo tanto, si un productor reclama, no teniendo esa categoría o esa condición formal, no tiene derecho a reclamar”, explicó.

Ante esa situación, Risso presentó un recurso extraordinario federal, que fue rechazado por la Cámara Federal de Rosario al considerar que no existía cuestión federal suficiente. Por eso, actualmente el planteo llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de queja.

“Ahora la Corte Suprema tiene que resolver si acepta la queja. En el caso que acepte la queja, lo que va a hacer es pedirle al juzgado de origen que le reenvíe el expediente”, explicó.

El productor remarcó que todavía no se encuentra en discusión el fondo de su planteo ante el máximo tribunal, sino la posibilidad de que la Corte acepte intervenir en la causa. “Si la Corte lo acepta, ahí recién se abre la posibilidad de tratar el tema”, indicó.

Risso también aclaró que, por tratarse de una acción individual, una eventual resolución favorable no implicaría automáticamente una devolución generalizada para todos los productores. Sin embargo, considera que podría establecer un antecedente relevante sobre quién está habilitado para cuestionar judicialmente los derechos de exportación.

“Como yo me represento a mí mismo, el fallo, ojalá que saliera a favor mío, no tanto por mí en lo particular, sino porque implicaría que la Corte reconoce al productor como el perjudicado por los derechos de exportación y le daría la posibilidad de discutir la legalidad de un tributo que hoy entiendo yo que está siendo cobrado de manera ilegal”, sostuvo.

Durante la entrevista también se refirió al peso que tienen actualmente los derechos de exportación dentro de la estructura de ingresos del Estado. El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno contempla ingresos por $12,06 billones en concepto de derechos de exportación, un 41,3% más que la estimación para 2026.

En ese contexto, Risso cuestionó que el sector agropecuario continúe soportando una parte importante de la carga tributaria. “¿Es el sector agropecuario el único que tiene que hacer el esfuerzo de soportar al fisco?”, planteó. Y agregó: “Hay otros sectores como la minería y el petróleo que no tienen el mismo nivel de presión impositiva”.

Según su mirada, el problema no se limita exclusivamente a las retenciones, sino que se suma a otros impuestos y costos que afronta el productor. “El Estado cobra derechos de exportación a un sector que es el sector que motoriza la economía de la Argentina, y además de que le cobra el derecho de exportación, después, cuando uno ya pagó el derecho, digamos, ya lo pagó vía menor precio, todavía tiene que seguir pagando impuestos a las ganancias, ingresos brutos, tasas de servicio”, afirmó.

Para graficar el impacto, utilizó como ejemplo un camión con una carga de 32.000 kilos. “Hoy el Estado se queda con el 24% en concepto de derechos de exportación, quiere decir que de esos 32.000 kilos, 8.000 kilos aproximadamente son los kilos que se queda el Estado”, sostuvo.

Risso también cuestionó la acumulación de otros costos tributarios sobre la actividad y mencionó modificaciones recientes vinculadas al tratamiento de los cheques recibidos por los productores. “Siempre el esfuerzo recae sobre el mismo sector”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que su acción judicial excede su situación particular y busca poner en discusión una problemática que, según considera, afecta a buena parte de los productores.

“Yo quiero que mi caso sea el caso testigo de una situación que venimos sufriendo los productores desde hace muchísimos años”, sostuvo.

La causa que impulsa Risso se encuentra ahora a la espera de una definición de la Corte Suprema sobre el recurso de queja. Una eventual aceptación abriría la posibilidad de que el máximo tribunal analice los planteos de fondo realizados por el productor.