Ficha Limpia: «La idea es mejorar esa imagen negativa que tiene la población de la política»
El bloque Hechos presentó en el Concejo Deliberante de Ramallo un proyecto vinculado a la denominada «Ficha Limpia», aunque con un alcance más amplio. La iniciativa busca crear un régimen de integridad, transparencia e idoneidad para quienes accedan y permanezcan en cargos de designación dentro del Estado municipal.
En diálogo con Radio Meta, el concejal Luis Algasibuir explicó que la propuesta no se limita únicamente a impedir el acceso de personas con determinadas condenas, sino que apunta a establecer un marco más amplio para fortalecer la función pública.»Pensamos que puede ser un régimen de integridad, transparencia e idoneidad para el acceso y permanencia en la función pública municipal», sostuvo el edil.
Algasibuir recordó que una iniciativa similar ya había sido presentada tiempo atrás y rechazada. Sin embargo, aseguró que esta nueva versión fue elaborada con un mayor respaldo jurídico. «Buscamos bastante fundamentación legal y nos basamos en experiencias de lugares donde esto ya está funcionando», afirmó.
El concejal explicó que el proyecto está dirigido exclusivamente a los funcionarios designados por el Departamento Ejecutivo y no a los cargos electivos, ya que sobre estos últimos el municipio no puede legislar. «El proyecto está orientado como una ordenanza a cumplir por los cargos de designación, no los que elige la gente, sino los que designa el gobierno de turno», precisó.
No obstante, la iniciativa invita tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Deliberante a adherir voluntariamente a los principios de transparencia e integridad.
Entre los requisitos previstos, el proyecto establece que los funcionarios designados no podrán contar con condenas firmes por delitos como tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, enriquecimiento ilícito, delitos contra la integridad sexual o cometidos en contexto de violencia de género. «Pensamos que una persona apta no puede tener una condena firme sobre determinados delitos. Pero no la mera denuncia; simplemente tiene que estar condenada en segunda instancia con una condena vigente», aclaró.
Además, incorpora normas sobre conflictos de intereses y la aceptación de obsequios o beneficios vinculados con contrataciones municipales.
Consultado sobre casos en los que un dirigente político también representa a un sindicato u otra organización que pueda generar incompatibilidades, Algasibuir reconoció que existe un aspecto ético que excede lo que puede regular una ordenanza. «Desde lo legal sería lo que está escrito. Desde lo moral sería lo otro también. Estoy totalmente de acuerdo en que ahí, indudablemente, hay un conflicto de intereses. O estás de un lado o estás del otro», expresó.
El concejal señaló que el objetivo de la iniciativa es contribuir a recuperar la confianza de la sociedad en la política. «La idea es mejorar esa imagen negativa que tiene la población de la política y de quienes la representan, tratando de establecer condiciones de aptitud», indicó.
En ese sentido, sostuvo que la idoneidad por sí sola ya no alcanza para ejercer una función pública. «Pensamos que en la actualidad esto no es suficiente y que debe ser acompañado de una aptitud, una persona apta desde lo moral, desde lo ético y desde lo humano», afirmó.
Sin embargo, reconoció que una norma por sí sola no resolverá el problema del descreimiento ciudadano. «La política no se arregla con una ordenanza. Se arregla con hechos, haciendo cosas, cumpliendo lo que se dice. La gente ya no cree, no le cree a nadie. Quizás este sea un pequeño paso que estamos tratando de dar desde lo legislativo, pero esto se arregla llevando a la práctica lo que realmente se dice, lo que se promete y lo que se hace», remarcó.
El proyecto fue girado a comisión para su análisis. Según explicó Algasibuir, la iniciativa contempla la presentación de una declaración jurada y un certificado de antecedentes penales para quienes sean designados en cargos políticos, además de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.
También fue aprobado un proyecto sobre la Ley Yolanda
Durante la entrevista, el concejal también se refirió al proyecto de comunicación aprobado en la última sesión para solicitar el cumplimiento de la adhesión municipal a la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para los agentes del Estado. «Hay obligación del Estado nacional, provincial y municipal de hacer capacitaciones a todo el personal estatal en relación a las normas, las alteraciones del medio ambiente y los cuidados que deben tenerse», explicó.
Según señaló, la iniciativa surgió a partir de los reclamos vecinales por el humo proveniente del basural y busca fortalecer la formación de los funcionarios para brindar respuestas y promover acciones en materia ambiental.
