Una explosión en un depósito ilegal de garrafas en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, volvió a poner en agenda la problemática de la comercialización clandestina de gas envasado. En ese contexto, este jueves en Radio Meta, Maximiliano Baro, titular de Maxigas e integrante de la comisión directiva de Cafadigas, se refirió a la situación en Ramallo y advirtió sobre los riesgos que implica la falta de controles y habilitaciones.
En relación a Ramallo, señaló que existen operadores que trabajan por fuera de la normativa vigente. “En Ramallo hay tres distribuidores denunciados”, afirmó, y agregó que todos desarrollan su actividad en la ciudad cabecera. Según indicó, la Secretaría de Energía de la Nación ya notificó esta situación al municipio: “Se emitió un comunicado… que los operadores no podían operar por falta de seguridad y falta de habilitación nacional”, aunque advirtió que “hoy por hoy siguen operando”.
El titular de Maxigas detalló algunas de las irregularidades detectadas. “Hay un depósito a 150 metros de un jardín de infantes… está ultra prohibido”, sostuvo. También mencionó casos de almacenamiento en viviendas particulares: “Hay un depósito en una casa que tiene 150, 160 garrafas… y no puede tener más de cuatro”.
Otro de los puntos que remarcó es la práctica de rellenado de garrafas, considerada una de las más peligrosas. “En Ramallo, en estos tres lugares se hace rellenado de garrafitas… es ilegal y es ultra peligroso”, afirmó. Y advirtió a los vecinos: “Si sienten olor a gas, quiere decir que está siendo un rellenado de garrafitas”.
Baro fue enfático al señalar que el problema no es nuevo: “Esto no es un problema de un gobierno, es un problema de varios”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de hacer cumplir la normativa vigente. En ese marco, explicó que los municipios tienen responsabilidad en el control: “Una vez que te informó la Secretaría de Energía, si vos no actuaste te haces responsable”.
En cuanto a la normativa vigente, explicó que la actividad está regulada por la Ley 26.020, que establece condiciones estrictas para garantizar la seguridad pública. Entre otros puntos, la ley exige que las instalaciones “no constituyan peligro para la seguridad pública” y estén sujetas a controles e inspecciones periódicas por parte de la autoridad competente .
En la práctica, según describió el propio Baro, para habilitar un depósito o comercio de gas envasado es necesario cumplir con múltiples requisitos: contar con habilitación municipal, autorización de la Secretaría de Energía, inspecciones técnicas, medidas de seguridad específicas y seguros obligatorios. “Tenés que tener medidas de seguridad… seguro de riesgo de explosión e incendio… inspecciones constantes”, detalló.
También explicó que los depósitos deben ubicarse fuera de zonas urbanas y cumplir con condiciones constructivas específicas. “La ley dice… fuera de la zona urbana, con medidas mínimas de seguridad”, indicó, mencionando además la necesidad de contar con instalaciones adecuadas, ventilación, sistemas eléctricos seguros y controles periódicos.
