En una entrevista con Meta FM 94.1, el subsecretario de Gobierno de Ramallo, Dr. Ignacio Zubiete, explicó los motivos de la decisión del Ejecutivo municipal de poner a la venta la deuda que la empresa Ternium mantiene por la tasa de Seguridad e Higiene, una suma que, según afirmó, supera los 5.000 millones de pesos.
Zubiete remarcó que “hay que hacer hincapié en la postura del contribuyente de no pagar”. Señaló que se trata de “una empresa que pudiendo pagar, con un amplio superávit internacional por ser una firma exportadora, decide no hacerlo”. Según explicó, Ternium optó por “judicializar la cuestión y agotar todas las instancias judiciales para prolongar la situación en el tiempo, buscando en cierta medida desfinanciar a una administración municipal”.
Frente a ese escenario, consideró que “la postura de la empresa amerita que se tomen soluciones acordes”. Y agregó: “La municipalidad no puede esperar uno o dos años a que la empresa solucione este tema o a que la Justicia se expida”.
En ese marco, defendió la decisión del Ejecutivo: “Me parece acertado utilizar una herramienta prevista en el Código Civil, como es la cesión de crédito. El municipio sale al mercado a ceder el crédito que tiene sobre Siderar para que otros actores intervengan, lo tomen como una inversión y puedan adquirir la deuda que mantiene con la municipalidad”.
La venta de la deuda
Sobre el mecanismo, explicó: “La cesión se va a hacer en un proceso donde la mejor oferta será la que se haga de la deuda. Exactamente como una licitación: el mejor postor es el que se la lleva”.
Aunque evitó dar cifras de cuánto podría obtener el municipio, recordó que ya existen fallos importantes: “Hay un juicio por 604 millones de pesos con fallos de primera instancia y de Cámara, y un segundo juicio por 1.945 millones con fallo de primera instancia. Cualquier persona jurídica o física puede adquirirlos”.
El dinero en la cuenta judicial:
Consultado sobre la versión de que la empresa habría pagado depositando en una cuenta judicial, fue tajante: “No. Ternium no ha pagado. Lo que hace es depositar en una cuenta judicial para evitar embargos, pero ese dinero queda cautelado e indisponible. La municipalidad no puede disponer de él hasta que no haya sentencia definitiva. Para nosotros ese dinero no existe”. Y volvió sobre el rol de la empresa: “Dilatar los tiempos no les impide funcionar. Pero todos los vecinos de Ramallo estamos atados a esta circunstancia”.
Sobre la reciente disputa por la habilitación
Zubiete explicó que la discusión por la habilitación y la deuda son dos vías distintas: “Los juicios de cobro tramitan en la justicia provincial. Lo otro fue una causa federal donde el juez dictó una cautelar para que la habilitación se mantenga a pesar de la deuda”. esta decisión fue apelada por el municipio.
“Es una postura de rebeldía fiscal”
Zubiete afirmó que ninguna otra empresa está en la misma situación: “Hay deudas corrientes, pero lo de Ternium es una postura de rebeldía fiscal: tienen los recursos y deciden no pagar”. Y agregó: “El argumento de ellos es que pagan aumentos excesivos. Decidieron no pagar el aumento de este año y pagaron lo del año pasado, unilateralmente. Pero el aumento fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante. Es ley para todos nosotros”.
La discusión de fondo
Zubiete explicó que SIDERAR paga la Tasa de Seguridad e Higiene en función de una alícuota aplicada sobre la cantidad de empleados municipales, y no sobre sus ingresos. Señaló que, tal como remarcó el intendente Mauro Poletti, “lo ideal en los sistemas modernos de recaudación es tributar según los ingresos brutos”. Sin embargo, advirtió que la empresa nunca reveló cuáles son sus ingresos en la planta de Ramallo. “Siderar jamás suministró esa información y se ha negado de manera sistemática”, afirmó.
Ante esa falta de datos, el municipio no tiene otra alternativa que seguir cobrando la tasa según la cantidad de empleados, aunque, según indicó, “lo adecuado sería que la empresa mostrara sus ganancias, algo que la expondría públicamente y derribaría el argumento de que la tasa es confiscatoria, porque quedaría en evidencia la magnitud de sus utilidades”… “Como se niegan a hacerlo, hoy la Tasa de Seguridad e Higiene continúa calculándose por cantidad de empleados”, concluyó.
