Tras la clausura de Laboratorios Ramallo, en el marco de la investigación federal por el caso de fentanilo contaminado que dejó más de 50 personas fallecidas en centros asistenciales de todo el país, unos 80 trabajadores oriundos de Ramallo se vieron obligados a iniciar trámites ante ANSES para acceder a subsidios por desempleo. Según el caso, cobran entre 150 y 300 mil pesos mensuales.
La situación laboral de quienes se desempeñaban en la planta local es incierta: muchos de ellos quedaron sin contacto con la empresa, no recibieron comunicación oficial sobre su estado laboral y no cuentan con representación sindical. Ante este escenario, decenas de empleados se acercaron en las últimas semanas a la sede del Ministerio de Trabajo en busca de asesoramiento y contención.
El escándalo generado por la distribución de fentanilo adulterado no solo generó un impacto sanitario sin precedentes, sino también dejó expuesta la precariedad laboral de los trabajadores de laboratorios y droguerías implicadas. En este contexto, la Justicia Federal ordenó la inhibición general de bienes para los dueños de Laboratorios Ramallo y de otras droguerías bajo sospecha, medida que forma parte de la causa que investiga al menos 52 muertes vinculadas con el suministro del opioide.
