Sentencia por daño a bosques nativos en boca del arroyo
El Juzgado Civil y Comercial N°4 a cargo de la Dra. Maria Eugenia Sormani se expidió sobre la denuncia que en 2014 habían efectuado la «Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná Control de Contaminación y Restauración del Hábitat” y “Asociación Civil Foro Medio Ambiental” (Fomea), por el desmonte de bosque nativo que llevó adelante la empresa GAB S.A., cuyo presidente era Gustavo Degliantoni, en la zona de la desembocadura del arroyo Las Hermanas al río Paraná para la instalación de una guardería náutica.
El abogado patrocinante de Fomea, Fabían Maggi, resumió el proceso y se refirió a la decisión tomada por la Justicia. “El caso lo inició UPVA (Unidos por la Vida y el Ambiente) con una denuncia directamente en la Dirección de Bosques Nativos, pocos días después que tomaron conocimiento del gran desmonte que había realizado este empresario para construir una guardería náutica”.
En la entrevista con radio Meta, el integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, mensuró el daño ocasionado. “Los hechos que se acreditaron fueron de extrema gravedad, porque era una zona ambientalmente muy valiosa, constituida por bosques nativos en la desembocadura del arroyo. El daño que se ha generado es muy grande, de gravedad extrema, es irreversible, porque más allá que la sentencia condena a la realización de tareas de recomposición del bosque nativo, lo cierto es que en aquella oportunidad se talaron arboles añosos que son imposibles de recuperar”.
Por esa razón, el letrado sostuvo que es importante evitar que sucedan. “Por las características propias del daño ambiental, que generalmente es irreversible o de muy difícil recuperación, lo que tenemos que trabajar desde la ciudadanía y funcionarios responsables, es en la prevención, y eso sí que no está funcionando adecuadamente, los hechos se repiten, hace pocos días en Ramallo se conoció otro hecho grave de similares características del otro lado del arroyo que estamos hablando ahora”.
No es la única denuncia que pesa sobre la empresa en ese predio. “Hay otra que tiene que ver con la apropiación del espacio público, que también es un delito grave. Ahí tenemos críticas hacia la fiscalía que no está avanzando adecuadamente, con la celeridad necesaria, en esa investigación. El mismo grupo empresario que explota la guardería, tiene alambrado el sector público de la boca del arroyo y es un delito grave”.
La sentencia “ordena un plan de recomposición ambiental que deberá estar a cargo en su ejecución de alguna entidad universitaria, alguna universidad que nombra en la sentencia se hará cargo de estudiar el lugar y desarrollar un plan para recomponer el bosque nativo y ese ecosistema, monitorear el avance de esa recomposición”. Y aclaró: “Seguramente, gran parte de ese daño de imposible recomposición, después de realizado el plan de recomposición, la jueza a cargo del expediente fijará el pago de una indemnización económica”.
La empresa apeló el fallo pero “son pocas las chances que el fallo sea modificado, desde nuestra perspectiva, ninguna chance de que el fallo se modificado”, opinó Maggi.