A un mes y medio de la sanción de la Ley Bases, el gobierno de Javier Milei sentó las bases legales para las privatizaciones de cuatro centrales hidroeléctricas: Alicurá, el Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Además, fijó un período máximo de 180 días para llevar adelante el proceso de licitación de las empresas públicas.
Así se desprende de la letra chica del Decreto 718/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Desde el oficialismo señalaron que el plazo de los contratos de concesión de las compañías dedicadas a la generación de energía eléctrica «se encuentra vencido».
El Gobierno avanza con las privatizaciones de empresas públicas
En esa línea, el Ministerio de Economía busca avanzar hacia «un plan estratégico de renovación de activos, cuyo objetivo es garantizar una condición de operación confiable de los aprovechamientos hidroeléctricos a los efectos de proveer a un funcionamiento pleno y sin interrupciones«.
Actualmente, el paquete accionario de las generadoras a privatizar se encuentra en manos de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). Economía instruyó a ambas entidades a que adopten las medidas necesarias para «realizar el traspaso al sector privado a través de un procedimiento licitatorio transparente y competitivo«.
A propósito del procedimiento, la implementación del mismo requiere «la elaboración de los pliegos de bases y condiciones correspondientes, la definición de las normas de manejo de aguas aplicables, la identificación de las inversiones obligatorias que deberá realizar el nuevo concesionario con el objetivo de extender la vida útil de los activos de los complejos hidroeléctricos, el replanteo del perímetro de concesión de cada uno de los complejos hidroeléctricos, y la elaboración de los manuales de protección del ambiente y seguridad de presas entre otros».
Al mismo tiempo, se resolvió la extensión del plazo de operación de las concesiones actuales hasta tanto sean transferidas las acciones mayoritarias a los adjudicatarios de las unidades de negocio como consecuencia del proceso licitatorio.
Fuente: Perfil.