El abogado Fabián Maggi brindó detalles en Radio Meta sobre la investigación penal en curso vinculada a las obras en la zona de Costa Pobre, donde la Justicia dictó una medida cautelar de no innovar para frenar los trabajos.
“Esto no es una simple denuncia, es una investigación penal que lleva varios meses”, aclaró Maggi al comienzo de la entrevista, y explicó que la medida cautelar surge “de los elementos que se han podido recolectar en esa investigación”.
Consultado sobre el incumplimiento de la cautelar, señaló que la empresa alega no haber sido notificada, aunque remarcó que “las notificaciones en este tipo de causas están a cargo del Ministerio Público Fiscal y no de los abogados”, por lo que esa situación “se va a esclarecer en el transcurso del día”.
Más allá de lo formal, el letrado fue contundente: “Más allá de que hayan recibido o no una notificación, es de conocimiento público que la medida fue dictada”, y sostuvo que existe una resistencia a lo ordenado por el Poder Judicial.
Maggi explicó que la investigación apunta a un conglomerado de actuaciones que involucra a “funcionarios municipales, al propio intendente, a concejales del bloque oficialista y a directivos con funciones ejecutivas dentro del municipio”. En ese marco, enumeró los posibles delitos bajo análisis: “incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, entre otros”.
“El Ministerio Público Fiscal avaló la investigación en base a un enorme caudal de pruebas, con documentación, pedidos de informes y declaraciones públicas de los propios funcionarios”, afirmó Maggi, y subrayó que, en causas con impacto ambiental, “lo primero que se hace es dictar medidas de no innovar para evitar que el daño sea mayor”.
La investigación está a cargo del fiscal Tanús, quien, según relató el abogado, “se acercó personalmente a la zona para constatar lo que estaba sucediendo”. Durante ese recorrido se verificó la destrucción del camino de ingreso y el cierre con un portón, hechos que —según Maggi— “confirman la hipótesis delictiva que se estaba investigando”.
Respecto al camino, el abogado aclaró que en la causa no se discute la propiedad de la tierra, sino el acceso: “Es el principal acceso histórico al lugar desde hace más de 40 años y hoy es el único ingreso para muchas familias”. Y fue categórico: “Una empresa no puede cerrar un camino porque sí. Si no es camino público, es una servidumbre de paso forzosa y es perpetua”.
En cuanto al rol del municipio, Maggi sostuvo que “el control primario del territorio lo tiene el municipio” y remarcó que no solo podría haber existido una omisión, sino “una probable connivencia de las autoridades municipales para que el proyecto avance en un marco de ilegalidad”. También señaló que el Ejecutivo no respondió notas formales solicitando información, lo que podría constituir otro incumplimiento de deberes.
Finalmente, advirtió sobre las consecuencias sociales del conflicto: “Hay personas que quedaron aisladas, sin acceso a servicios de emergencia, y ahora también está comprometida la red eléctrica”. Y concluyó que lo que hoy reclaman vecinos y organizaciones es “saber qué conducta va a asumir el Gobierno Municipal y cómo va a garantizar los derechos de quienes viven en Costa Pobre”.
