Este jueves se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio por jurados que juzgará a tres de los imputados por el crimen del comerciante ramallense César Butara. Durante el desarrollo de la instancia judicial se confirmó que el debate oral se realizará los días 1 y 2 de julio.
En el proceso serán juzgados Walter Rubén Díaz, señalado por la investigación como el presunto líder de la banda, junto con Miguel Ángel Pereyra Retamal y Dalmiro Nicolás Cáceres, quienes optaron por ser juzgados mediante el sistema de jurado popular.
En tanto, días atrás el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 dictó sentencia contra otros dos imputados que eligieron un juicio técnico. En ese marco, José Antonio Pereyra Retamal y Facundo Gómez fueron condenados a 20 años de prisión al ser considerados partícipes secundarios del hecho.
Todos los acusados son oriundos de San Pedro y están señalados como responsables de haber asaltado a la familia del comerciante en Ramallo, hecho durante el cual fue asesinado César Butara.
Durante los alegatos, la fiscal Verónica Marcantonio, titular de la UFI N°1, sostuvo que los acusados actuaron en el marco de un plan común y les imputó la coautoría del delito bajo las figuras de homicidio criminis causa, robo calificado por el uso de arma y portación ilegal de arma de fuego.
Con la audiencia preparatoria ya realizada, el proceso ingresará ahora en la etapa final previa al debate, cuando un jurado popular deberá determinar la responsabilidad penal de los tres imputados restantes en el crimen que conmocionó a la comunidad de Ramallo.
En la provincia de Buenos Aires, el juicio por jurados está regulado por la Ley 14.543 y establece que el tribunal se integra con un juez técnico y 12 jurados titulares, además de 6 suplentes. El juez dirige el debate, resuelve cuestiones legales y da instrucciones sobre la ley, mientras que los jurados son los encargados de decidir el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Los ciudadanos que integran el jurado se seleccionan por sorteo del padrón electoral y luego, en una audiencia previa al juicio, la fiscalía y la defensa pueden recusarlos hasta conformar el jurado definitivo. Este sistema se aplica en delitos graves cuya pena máxima supera los 15 años de prisión.
