Secuestro y multas de hasta medio millón: Ramallo endurece el control de motos fuera de regla
La jueza de Faltas de Ramallo, Dra. Sol Aroza, se refirió en Radio Meta a los operativos que se vienen llevando adelante en el distrito y que derivaron en el secuestro de motovehículos que no cumplen con las normativas vigentes de tránsito, especialmente aquellos que circulan con escapes no reglamentarios que provocan ruidos molestos.
Aroza explicó que el uso de escapes adulterados no es una simple infracción, sino que se trata de una falta grave vinculada a la salud pública, ya que el exceso de decibeles afecta directamente a personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y también a los animales. “Muchas veces se cree que esto es solo contaminación sonora, pero hay una implicancia directa en la salud. Estos ruidos generan trastornos físicos y emocionales en personas vulnerables. No es una moda ni un capricho, es una cuestión de salubridad”, enfatizó.
Los procedimientos se llevan adelante en la vía pública con inspectores de Tránsito y Policía, y también mediante el sistema de monitoreo por cámaras de seguridad. Cuando se constata una infracción grave –como maniobras peligrosas o escapes no autorizados– se labra el acta correspondiente y se solicita al Juzgado de Faltas el allanamiento y secuestro del vehículo.
La jueza de Faltas de Ramallo remarcó que los operativos que culminan con el secuestro de motovehículos se realizan dentro de un marco estrictamente legal. Explicó que, “como es una cuestión de salubridad y de raigambre constitucional, si las actas o el procedimiento policial cumplen con las exigencias de la ley, el Juzgado de Faltas está facultado para ordenar el allanamiento y el secuestro del vehículo”. Y aclaró: “No se sale a perseguir motos porque se prioriza la integridad física del conductor y del personal policial. Si el comportamiento queda registrado por cámaras o detectado en un operativo, se procede legalmente”, aclaró Aroza.
La jueza informó que estas infracciones no tienen opción de pago voluntario ni reducción de multa, debido a su carácter grave. La multa inicial es de 300 unidades fijas (equivalente a un litro de nafta de mayor octanaje por unidad). Con los valores actuales, supera los $450.000. Además, al momento de retirar, el infractor debe acreditar la propiedad del vehículo con documentación legal. Es obligatorio retirar y destruir el escape no reglamentario al momento de recuperar la moto, colocándose uno autorizado por ley. “El juzgado no puede permitir la restitución de motos sin papeles claros. Mucha documentación falsa circula en el mercado ilegal. Tenemos que garantizar que no se favorezca el delito violento, robo ni el narcotráfico”, señaló.
La Dra. Aroza remarcó la importancia de la empatía y la responsabilidad social, destacando que el objetivo no es recaudar multas, sino proteger la salud y la convivencia ciudadana.
