Marianela Galli advirtió sobre los cambios en la Ley de Salud Mental: “El problema no es la ley, sino la falta de decisión política y recursos»
La psicóloga Marianela Galli analizó en Radio Meta los cambios que impulsa el Gobierno nacional a la Ley de Salud Mental, que ya tiene media sanción del Senado y debe ser tratada por Diputados.
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 fue sancionada en 2010 y estableció un modelo de atención basado en los derechos humanos, la inclusión social y el abordaje comunitario. Entre sus principales disposiciones, prohibió la apertura de nuevos manicomios y estableció el cierre de los existentes. También determinó que las internaciones deben ser el último recurso ante situaciones de padecimiento mental, por períodos breves y en hospitales generales o polivalentes. El tratamiento debía priorizarse en la comunidad, evitando el aislamiento de las personas y favoreciendo su integración social.
Para Galli, ese modelo sigue siendo válido, pero su aplicación quedó condicionada por la falta de presupuesto y de recursos. En ese contexto, advirtió sobre el crecimiento de las internaciones en los últimos años. “Las internaciones han crecido un montón en los últimos tres años, un 52% en el país aumentaron las internaciones tanto voluntarias como involuntarias”, señaló.
La psicóloga consideró que ese incremento es un indicador de la crisis que atraviesa el sistema. “El aumento de las internaciones da cuenta de que estamos ante una crisis de salud mental y en una emergencia de salud mental, por lo que se necesita realmente que haya una plena aplicación de la ley”, sostuvo.
Al analizar las causas de esta situación, mencionó distintos factores que se profundizaron en el contexto posterior a la pandemia: la fragmentación del sistema, el desfinanciamiento, las dificultades para acceder a los medicamentos y el vaciamiento de los servicios por la falta de personal.
Para Marianela Galli, una de las principales dificultades que atravesó la implementación de la ley no está en la normativa, sino en la falta de recursos para cumplir con sus disposiciones.
«Desde el año 2010 hasta la actualidad, el gran problema que hubo es uno de los artículos de la ley que plantea lo que es la financiación. Lo que se plantea en ese artículo es que un 10% del presupuesto total de salud debe ser destinado a lo que es salud mental. Desde la sanción de la ley hasta la fecha actual, eso no se ha cumplido», explicó.
Según señaló, históricamente se destinó entre un 1,3% y un 1,4% del presupuesto de salud a esa área, muy lejos del porcentaje previsto por la normativa. «Entonces, el problema no es la ley, sino la falta de decisión política y recursos para garantizar la implementación de la ley», sostuvo.
Sobre los cambios que impulsa el Gobierno nacional, Galli advirtió que pueden significar un retroceso en el enfoque de atención que estableció la legislación vigente.
«Lo que plantea la reforma es que sigan prohibidos los manicomios, pero sí habilitan a que haya nuevas instituciones, tanto públicas como privadas, en las que se puedan hacer internaciones. No serían solamente en hospitales polivalentes», explicó al analizar la propuesta.
Para la psicóloga, sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el lugar dónde se interna a una persona, sino en las condiciones del tratamiento y en las alternativas disponibles.
«Acá no es el problema dónde se internan las personas, sino cómo son esas internaciones, cómo se considera el cuidado de la persona cuando está ante el sufrimiento», señaló.
También cuestionó el cambio de enfoque que propone pasar de considerar el padecimiento subjetivo a poner el acento en el trastorno.
«La reforma pone a la psiquiatría como condición sinequanom para evaluar una internación.
Pasar de contemplar lo que es padecimiento a trastorno, agudizaría mucho todo lo que tiene que ver con los prejuicios y con cómo se piensa a quien padece y sufre la salud mental», manifestó.
Otro de los aspectos que le generan preocupación es la modificación del criterio de riesgo para disponer una internación involuntaria. La ley vigente contempla situaciones de riesgo cierto e inminente, mientras que el texto aprobado por el Senado introduce el concepto de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.
«Alguien que tiene un diagnóstico previo o que tiene situaciones previas, antecedentes con lo que es salud mental, porque alguien suponga que puede generar algún riesgo, podría ser internado», advirtió durante la entrevista.
Galli también defendió el carácter interdisciplinario de los tratamientos y señaló que darle mayor centralidad a una sola disciplina puede generar nuevas barreras de acceso.
«La salud mental se resuelve con más comunidad, más presupuesto y más Estado», resumió, al referirse a la posición que sostienen los colegios profesionales de psicólogos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que mencionó durante la charla.