El Gobierno modificó el protocolo para investigar amenazas en redes y habilitó excepciones cuando haya menores involucrados
El Gobierno nacional modificó el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en investigaciones realizadas en internet y estableció nuevas excepciones que permiten continuar con el seguimiento de publicaciones o amenazas cuando involucren a menores de edad y exista un riesgo grave e inminente.
La medida no autoriza a la Policía a monitorear de manera generalizada las redes sociales de niños, niñas y adolescentes. La regla principal continúa siendo la misma: no se pueden tratar datos sensibles ni realizar tareas de vigilancia sobre menores sin una orden judicial.
Sin embargo, la nueva disposición incorpora cinco excepciones que habilitan la continuidad de una investigación preventiva cuando la demora pueda representar un peligro para la integridad de las personas.
Hasta ahora, si durante una investigación digital las fuerzas de seguridad detectaban que la persona involucrada era menor de edad, debían interrumpir inmediatamente el monitoreo y comunicar la situación a la autoridad competente, con el objetivo de proteger sus derechos y su privacidad.
Con el nuevo protocolo, esa obligación se mantiene como principio general, pero podrá dejar de aplicarse en situaciones específicas. Entre ellas se encuentran los casos en los que existan indicios de un riesgo para la vida de un menor, intentos de suicidio o autolesiones, desapariciones o posibles casos de captación por parte de terceros, delitos cometidos contra menores a través de internet y amenazas de ataques a escuelas o planificación de hechos de violencia masiva, aun cuando quien publique el contenido sea un adolescente.
Este último punto fue uno de los principales fundamentos de la modificación. Según el Gobierno, en los últimos meses se registró un aumento de amenazas de bomba y mensajes en redes sociales que anunciaban supuestos tiroteos o ataques contra establecimientos educativos, muchos de ellos publicados por menores de edad. Con el protocolo anterior, al confirmarse esa condición, la investigación preventiva quedaba limitada, lo que —según las autoridades— podía retrasar la identificación de los responsables e impedir una respuesta rápida si la amenaza era real.
La resolución también establece límites para la actuación policial. En cada caso, las fuerzas de seguridad deberán justificar por escrito por qué decidieron continuar con la investigación, informar de inmediato a la autoridad competente y respetar las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales. Además, la excepción solo podrá aplicarse cuando exista un riesgo grave e inminente.
De esta manera, el Gobierno sostiene que busca agilizar la respuesta frente a situaciones que puedan poner en peligro a estudiantes, docentes y a la comunidad educativa, manteniendo al mismo tiempo las garantías legales destinadas a proteger la privacidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes.