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El conflicto por Costa Pobre volvió al Concejo Deliberante de Ramallo

El conflicto por las tierras de Costa Pobre volvió a ocupar el centro del debate en el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, durante la sesión de este jueves, donde se leyó una nota enviada por la empresa Oramac Construcciones S.A. y se trataron los recientes pronunciamientos de los vecinos y del bloque Juntos–UCR, que impulsa un proyecto de ordenanza para declarar el área como patrimonio protegido.

En la misiva, la empresa Oramac —que se presenta como titular registral y legítima poseedora de los terrenos ubicados en la ribera del Paraná— rechaza el proyecto presentado por los concejales y advierte que cualquier intento de restringir el uso del suelo o de reconocer derechos sobre los ocupantes constituye una violación al derecho de propiedad privada. La firma sostiene que las viviendas instaladas en el lugar son ilegales y cuestiona la intervención del Concejo en un terreno que considera de propiedad privada.

Durante la sesión, el concejal Luis Algasibiur (Juntos–UCR) calificó la nota de la empresa como “intimidatoria y amenazante” hacia los representantes del cuerpo deliberativo, y adelantó que el bloque continuará impulsando el proyecto que busca declarar a Costa Pobre como Patrimonio Turístico, Ambiental, Ecológico, Histórico, Cultural y Paisajístico del Partido de Ramallo. El expediente, identificado como T.D. N° 577/25, será tratado en diversas comisiones, entre ellas Legislación e Interpretación, y propone además prohibir la instalación de puertos e industrias de alto impacto ambiental, así como elaborar un Plan de Manejo Sustentable que contemple preservación del bosque nativo, turismo responsable y educación ambiental.

Paralelamente, un grupo de vecinos del barrio Costa Pobre volvió a presentarse este jueves en el recinto, donde ingresaron una nota con 521 firmas en respaldo al proyecto. En el texto, los vecinos manifiestan su apoyo a la declaración patrimonial del área, su rechazo a la instalación de un puerto y su repudio a las comunicaciones enviadas por Oramac, a las que consideran maliciosas. Aseguran ser poseedores legítimos desde hace más de 40 años, con ocupación pacífica y continua, y respaldan su posición en normativas nacionales, provinciales y municipales que reconocen la zona como de protección ambiental y bosque nativo.

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