Crisis en Discapacidad: el reclamo de una institución de Ramallo
Agustina Salvioni, titular de Panambí, la Clínica de Neurodesarrollo Infantil que funciona en Villa Ramallo, explicó en una entrevista con Radio Meta la situación que atraviesa el sector de discapacidad y el reclamo que llevan adelante para que se prorrogue la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El principal pedido es que la norma, cuyo vencimiento está previsto para diciembre, sea extendida por un año. Salvioni sostuvo que “la ley no se cumplió en su totalidad, es muy poco de la ley lo que se cumplió” y advirtió que, si pierde vigencia, “ni siquiera se nos garantiza la cobertura de lo anterior”.
Según explicó, uno de los pocos puntos que se cumplió fue el ajuste mensual del nomenclador de acuerdo con la inflación del mes anterior. En cambio, continúan pendientes otras medidas, entre ellas compensaciones económicas para centros y prestadores correspondientes a 2023 y 2024.
Salvioni señaló que las organizaciones del sector se encuentran trabajando para lograr la extensión de la emergencia y que el proyecto ya había ingresado a comisión en el Congreso.
En paralelo, manifestó su preocupación por una propuesta incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno nacional, que según explicó contempla modificaciones y una desregulación de distintos aspectos del sistema.
Uno de los puntos que genera preocupación es el nomenclador nacional, que establece valores de referencia para las prestaciones que reciben las personas con certificado único de discapacidad.
“Lo que no queremos es que se toque el sistema, lo que queremos es que se cumpla la ley y nada más”, sostuvo Salvioni.
También señaló que la propuesta plantea modificaciones en el criterio para acceder a las pensiones por discapacidad, pasando a considerar la imposibilidad de trabajar, lo que a su entender podría dejar a personas fuera de determinadas prestaciones o garantías.
Durante la entrevista, Salvioni explicó también cómo se conforma el fondo solidario a través del cual se financian las prestaciones de discapacidad.
“El fondo se genera a través del aporte de los trabajadores”, explicó. Según detalló, una parte de los impuestos que pagan quienes trabajan, tanto en relación de dependencia como de manera autónoma, se destina a “este fondo solidario de redistribución”.
“De este fondo, que lo recauda la AFIP, se pagan tanto lo que son las prestaciones de discapacidad, como aquellas intervenciones complejas que por ahí son estudios o intervenciones que las obras sociales no pueden”, explicó.
Salvioni señaló que se trata de un fondo que también contempla determinadas prestaciones o intervenciones excepcionales que no están incluidas habitualmente en la cobertura de las obras sociales.
Contó que, actualmente, Panambí brinda servicios a “entre 50 y 60 chicos”, mientras que también trabajan “entre 50 y 60 acompañantes externos, profesionales de apoyo que están en las escuelas”.
A esto se suma el equipo básico de Panambí, compuesto por alrededor de 10 personas. De acuerdo con su descripción, son aproximadamente 70 profesionales y unas 60 familias vinculadas directamente con la institución.
Salvioni advirtió que el trabajo de los profesionales de apoyo que acompañan a chicos en las escuelas es una parte visible de las políticas de inclusión, pero sostuvo que “eso está en riesgo hoy”.
También explicó que muchos de esos profesionales trabajan cuatro horas en las escuelas, además de otras tareas, y que sus ingresos no alcanzan los 500.000 pesos mensuales, mientras que los pagos pueden demorarse entre 60 y 90 días dependiendo de la obra social.
La titular de Panambí también planteó dificultades en los distintos niveles del Estado. “Nosotros tampoco recibimos ninguna ayuda en Provincia de Buenos Aires ni en el municipio”, afirmó.
En ese sentido, contó que había planteado ante el municipio la necesidad de contar con la habilitación del centro. “Necesitamos la habilitación municipal, sí o sí”, señaló, y explicó que no podía afrontar el costo que implicaba ese trámite.
Salvioni remarcó además que la situación económica de los prestadores es compleja porque gran parte de lo que facturan se destina directamente al pago de profesionales y gastos de funcionamiento.
“Yo de lo que facturo, el 90% se va en lo que le pago a la profesional que está en la escuela, en el jardín, en la coordinadora y en los gastos administrativos”, explicó.
Frente a este escenario, Salvioni planteó que el reclamo no apunta solamente a la situación económica de los prestadores, sino también a garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad. “Nosotros lo que queremos es poder trabajar de lo que estudiamos, de lo que amamos, de lo que nos gusta hacer”, expresó.
Y agregó: “Después de inclusión hablamos todos y es re lindo ser inclusivos, ser empáticos, y nos llenamos la boca de palabras, pero nosotros necesitamos acciones hoy, acciones que nos garanticen poder continuar haciendo el trabajo que hacemos”.
Para Panambí, el objetivo inmediato es conseguir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Salvioni explicó que su extensión permitiría mantener, entre otros aspectos, el mecanismo de actualización vinculado a la inflación y, al mismo tiempo, evitar que avance el punto de desregulación planteado en el Presupuesto 2027.
“De esta manera no podría este ítem que presentaron en el presupuesto 2027, no podría estar porque serían incompatibles”, explicó. Por eso, remarcó: “Es muy importante que salga la prórroga de la ley de emergencia”.