Clausura de guardería: “Hace 25 años que está ahí, es un negocio cuantioso para estas personas, pero no para la municipalidad”

El secretario de Desarrollo Local, Pablo Wozniak, se refirió a la clausura de la guardería náutica Puerto Ramallo y fue contundente sobre la situación contractual y económica que rodeó al predio durante más de dos décadas. “Hace 25 años que está ahí, entiendo que es un negocio cuantioso para estas personas, pero no es un negocio cuantioso para la municipalidad. Eso es propiedad del Estado y no se puede permitir que en 2023 el ingreso para el municipio sea el equivalente al valor de dos lanchas teniendo 200”, señaló.

El funcionario explicó que, en la última licitación de 2023 que fue declarada desierta, «la propuesta presentada por ellos era de 250 mil pesos, mientras que otros oferentes ofrecían hasta un millón y medio de pesos. Está claro que era un buen negocio para el privado, no para el municipio”, remarcó Wozniak, y agregó que la comunidad debe comprender que “el Estado defiende los intereses de todos, no los de un sector privado”.

¿Cómo llegamos hasta acá?

En la gestión del exintendente Gustavo Perié, se había convocado a una licitación para regularizar la concesión (se había vencido), pero el proceso terminó declarado desierto: “En el pliego figuraba que, si las autoridades entendían que la propuesta no servía a la municipalidad, podían declararla desierta, y así lo hizo Perié. Como ya estaba finalizando su mandato, dejó el tema a disposición del próximo intendente, extendiendo el contrato hasta Semana Santa de 2024”, recordó Wozniak.

Cumplido ese plazo, Wozniak remarcó que no existía más vínculo contractual con los privados que explotaban la guardería. A pesar de esto, continuaron utilizando el predio: “Se les comunicó la situación, ellos presentaron una cautelar que fue rechazada por la Justicia. No hay contrato vigente que una al municipio con el prestador. Y si un lugar no tiene habilitación, se inspecciona y se clausura. Así fue”.

El funcionario advirtió que la falta de habilitación representaba un riesgo legal y patrimonial para el municipio: “Ante cualquier accidente o incidente, la responsabilidad caía sobre la municipalidad, incluso por las embarcaciones guardadas allí. No podíamos seguir permitiendo que funcione un espacio en esas condiciones”.

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